Ex Canciller Murillo: “El problema subsiste a pesar de la sentencia”

En opinión del ex Canciller Javier Murillo de la Rocha, publicada en el periódico Cambio, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que se emitió el 1 de octubre de 2018, nos dejó perplejos. Hay quienes piensan, incluso, que la Corte no emitió un fallo, sino que cometió un fallo.

Lo anterior se entiende porque la petición de Bolivia era lo menos que se le podía pedir a este alto tribunal de justicia. No se le había solicitado que dispusiera la entrega de ningún territorio ni nada por el estilo. El fondo de la demanda versaba sobre la posibilidad de que se reiniciara un proceso de negociación con Chile sobre la base de tantos compromisos formales alcanzados a lo largo de más de un siglo, en los que el vecino país ratificó en todos ellos su voluntad de ceder a Bolivia un territorio soberano en el océano Pacífico.

La Corte tenía el deber de analizar con profundidad y perspectiva este diferendo, privilegiando el sentido de la justicia, y no entramparse, casi deliberadamente, en complejas e incompletas disquisiciones sobre dónde debía encontrarse el momento en que Chile asumió la obligación cuyo cumplimiento le reclamaba Bolivia. Y no hubiera sido necesario que se esforzara mucho para encontrar ese momento, que salta a la vista especialmente en los documentos intercambiados por los cancilleres de Bolivia y Chile, el 26 de agosto de 1975 y el 19 de diciembre de ese año; documentos trascendentales que fueron incomprensiblemente ignorados.

Había una abundante jurisprudencia que habría respaldado una sentencia concordante con el espíritu de la demanda boliviana y la misión de la Corte, que es impartir justicia, ayudar a resolver diferendos para así contribuir a que los Estados que buscan resolver sus controversias por medios pacíficos alcancen los acuerdos respectivos.

La Corte ha puesto más obstáculos en lugar de removerlos porque el problema subsiste a pesar de su sentencia. Ha liberado a Chile de la obligación jurídica de negociar, y le ha endosado la obligación fundada en la buena fe y en la moral internacional, de las que no queda absuelto.