1908
En 1908, la Prefectura de Potosí decidió otorgar también en Concesión las aguas del Silala a la misma empresa (hoy FCAB) que las usufructuaba en Chile sin haber dispuesto una compensación económica o un plazo de vigencia.
En su solicitud de concesión, la FCAB alegó que requería usar “las vertientes que forman el río Siloli que corren en territorio chileno” a fin de alimentar sus máquinas, para lo cual proponía realizar obras de captación y canalización.
Las aguas del Silala eran totalmente bolivianas antes de la Guerra del Pacífico.
En 1906, la Intendencia de Antofagasta en Chile otorgó en Concesión las aguas del Silala en ese territorio a la Empresa The Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway Co. Ltd., (en la actualidad FCAB) a fin de que provea agua a esa ciudad.
Con el fin de implementar la concesión de 1908, el Ministerio de Hacienda de Bolivia autorizó en 1910 a la Compañía The Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway Co. Ltd. (hoy FCAB) la internación a nuestro país de una tubería para la conducción de las aguas del Silala hacia Chile.
En 1922, el Ing. Robert Fox (ex jefe de obras hidráulicas de la FCAB) señaló en un artículo publicado en una Revista internacional que el caudal transfronterizo del Silala era de 11.300 m3 por día, es decir 130 l/s. y que la tubería instalada en el lugar transportaba un caudal de 6.600 m3 día, es decir, 75 l/s.
En mayo de 1996, el Periódico “El Diario” publicó una denuncia indicando que, en virtud de la Ley de Hidrocarburos, el Gobierno del entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada permitiría a Chile tener bajo su dominio un corredor de 50 km. de longitud y 4 km. de ancho en Bolivia dentro del cual se encontrarían las aguas del río Silala, que fueron desviadas a territorio chileno a través de canales.
Ante la denuncia periodística, la Cancillería de Bolivia emitió un Comunicado en mayo de 1996, señalando que el Silala es un río que brota en territorio boliviano e ingresa posteriormente a Chile y que la existencia de la canalización en el lugar se remonta a finales del siglo pasado, no existiendo ningún desvío de aguas. La Cancillería también afirmó que incorporaría el tema en la agenda bilateral con Chile, considerando que las aguas del Silala son aprovechadas por ese país y no por Bolivia, por lo que el Estado boliviano debe ser beneficiario del costo de tales aguas.
La Cancillería de Bolivia, a través de la Unidad de Análisis de Política Exterior (UDAPEX), contrató en septiembre de 1996 al Ingeniero civil René Gómez García-Palao para realizar un estudio sobre los recursos hídricos transfronterizos con Chile. El Ing. Gómez García Palao presentó en febrero de 1997 un resumen de su estudio sobre las aguas del Silala y en abril de ese año su informe final concluyendo que el Silala no es un río y mucho menos un río de curso sucesivo.
En mayo de 1997, la Prefectura de Potosí revocó y anuló la concesión de las aguas del Silala otorgada a la FCAB, señalando que el objeto y la causa que motivaron la misma habían desaparecido por la reconversión tecnológica de las locomotoras. En junio de 1997, el Gobierno elevó la Resolución de Revocatoria a rango de Decreto Supremo, señalando que se había evidenciado el aprovechamiento indebido de las aguas del Silala por terceras personas, con perjuicio para los intereses del Estado.